La condena de 21 años no obstruyó la agenda política de Abadía con políticos caleños
Mientras cumplía una condena por corrupción en una sede especial de la Policía en Cali, Juan Carlos Abadía siguió recibiendo visitantes del mundo político. Una investigación de Telégrafo reconstruye las visitas y los contactos que llegaron hasta Carabineros, entre ellos las de Roberto Ortiz, ‘El Chontico’. El traslado a Villahermosa puso fin a las condiciones especiales de reclusión que le permitieron mantener abierta esa puerta política.
Juan Carlos Abadía Campo fue condenado a 21 años y siete meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia. La sentencia, que quedó en firme en junio de 2026, estableció su responsabilidad por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, relacionados con un convenio de $1.072 millones para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares del Valle del Cauca.
La condena no significó, sin embargo, el final de la agenda política del exgobernador.
Durante su reclusión en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali, Abadía permaneció en un pabellón especial. De acuerdo con la reconstrucción adelantada por Telégrafo, continuó teniendo contacto con dirigentes y actores políticos de la región que llegaron hasta el lugar para reunirse con él.
El asunto adquirió una nueva dimensión el pasado 19 de septiembre, cuando Abadía fue sacado de Carabineros y trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali.
La decisión fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella. Al anunciarla, el mandatario sostuvo que Abadía “se creía intocable” y que desde el pabellón especial de Carabineros “participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos”. Estas son afirmaciones del presidente y no constituyen, por sí mismas, una conclusión judicial sobre esos hechos.
Un condenado que seguía siendo buscado
La relevancia de esas visitas está precisamente en la condición de Abadía.
No se trataba de un dirigente retirado de la política. Era un exgobernador condenado por corrupción y con una pena superior a dos décadas de prisión. Su condena se originó en un contrato público en el que la Corte Suprema estableció que se utilizaron mecanismos de contratación para evitar una licitación y favorecer a terceros.
Según el máximo tribunal, el convenio de cooperación firmado en enero de 2010 destinó $1.000 millones de recursos públicos, más $72 millones aportados por la Fundación Calimío. La estructura contractual terminó generando, de acuerdo con la sentencia, una apropiación de $817.482.400 en favor de terceros.
La Corte concluyó que Abadía conocía las irregularidades y que su actuación como gobernador y ordenador del gasto fue determinante para la consumación de los delitos.
La sentencia no solo estableció su responsabilidad penal. También le impuso multas e inhabilidades para ejercer funciones públicas.
La pregunta central no es solamente por qué Abadía permanecía en Carabineros. La pregunta es quiénes iban a verlo allí.
La cabaña y la agenda
La investigación de Telégrafo documentó que la reclusión de Abadía en Carabineros tenía condiciones sustancialmente diferentes a las de un establecimiento penitenciario ordinario.
El exgobernador disponía de un espacio de alojamiento exclusivo y, de acuerdo con la información recopilada por este medio, ese lugar terminó convirtiéndose también en un punto de encuentro con personas vinculadas a la política regional.
La investigación de Telégrafo reconstruye quiénes llegaron a visitar a Abadía mientras cumplía su condena y qué contexto político rodeó esas visitas.
Los registros y soportes que hacen parte de la investigación permiten reconstruir la presencia de dirigentes políticos en la Escuela de Carabineros durante el periodo en que Abadía permaneció recluido.
Una red política que ya había sido señalada
La presencia de políticos alrededor de Juan Carlos Abadía no comenzó en la Escuela de Carabineros.
Antes de que el exgobernador fuera recluido allí, su nombre ya aparecía relacionado públicamente con una red de dirigentes, funcionarios y contratistas que se movía entre la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali.
En noviembre de 2021, cuando fueron elegidos los contralores de Cali y del Valle para el periodo 2022-2025, La Silla Vacía llamó la atención sobre las conexiones políticas detrás de esas designaciones. En Cali fue elegido Pedro Antonio Ordóñez, quien había sido personero de Tuluá y que, según ese medio, hizo un saludo especial a Juan Carlos Abadía durante su discurso de apertura. El mismo artículo señaló que el entonces concejal Roberto Ortiz se opuso a su elección precisamente por esa relación.
En el Valle fue elegida Ligia Stella Chávez. La Silla Vacía la describió como cercana al grupo político de Dilian Francisca Toro, entonces presidenta del Partido de La U, y señaló a Toro como madrina política de la gobernadora Clara Luz Roldán.
Un año después, Cambio publicó una investigación titulada “La burocracia amiga en el Valle del Cauca”, en la que recogió denuncias sobre una presunta estructura de funcionarios y contratistas vinculados políticamente con diferentes sectores de poder regional.
La publicación señaló que Clara Luz Roldán llegó a la Gobernación con el respaldo político de Dilian Francisca Toro y mencionó a varios funcionarios cercanos a ese sector en la administración de Cali. También recogió señalamientos del entonces concejal Roberto Ortiz, quien sostenía que Abadía tenía cuotas políticas dentro de la administración del alcalde Jorge Iván Ospina.
Entre los nombres mencionados por Ortiz estaban Juan Diego Flórez, entonces gerente de Emcali, y Arturo Fernández, gerente de Abastecimiento de la empresa. Abadía, según la misma publicación, sostenía que sus relaciones con algunos funcionarios eran normales y obedecían a sus años de actividad política, y negaba que correspondieran a favores o cuotas políticas.
La misma investigación recogió una denuncia presentada ante la Procuraduría por el abogado Elmer Montaña, quien pidió investigar una presunta intervención de Abadía y Mauricio Ospina en asuntos de contratación de la administración municipal. Según Montaña, ambos habrían tenido inicialmente una oficina en el edificio de Emcali y posteriormente se habrían trasladado a una oficina en Chipichape desde donde, según su denuncia, continuaban interviniendo en asuntos de contratación. Estos son señalamientos formulados por el denunciante y no equivalen a una decisión judicial que haya establecido esos hechos.
Ese contexto resulta relevante para entender lo que ocurrió después en Carabineros.
La investigación de Telégrafo no parte de la premisa de que cada dirigente que tuvo alguna relación política con Abadía haya cometido una conducta irregular. El punto es otro: establecer si la red de interlocución política que rodeó al exgobernador antes de su condena continuó funcionando mientras cumplía su pena y quiénes siguieron recurriendo a él cuando ya era un condenado por corrupción.
Es en ese punto donde aparecen los registros de las visitas a la Escuela de Carabineros.
Los políticos que siguieron llegando
El antecedente importa porque uno de los nombres que aparece tanto en la historia política de Abadía como en la investigación sobre sus visitas a Carabineros es el de Roberto Ortiz Ureña, ‘El Chontico’.
Ortiz no solo había sido uno de los políticos que cuestionó públicamente la elección de Pedro Antonio Ordóñez como contralor de Cali por su cercanía con Abadía. También había denunciado públicamente la existencia de supuestas cuotas políticas del exgobernador dentro de la administración de Jorge Iván Ospina.
Ahora, los registros recopilados por Telégrafo ubican al propio Ortiz en al menos dos ocasiones en la Escuela de Carabineros de Cali durante el periodo en que Abadía permanecía recluido allí.
En ambas ocasiones, según los soportes obtenidos por este medio, Ortiz llegó en una camioneta Cadillac Escalade.
La presencia de Ortiz en el lugar, por sí sola, no demuestra una conducta ilegal. Lo que interesa a esta investigación es establecer qué hacía allí, con quién se reunió, cuánto tiempo permaneció en la sede y qué asuntos políticos se discutieron.
La respuesta cobra importancia porque las visitas no se producen en el vacío.
La investigación de Telégrafo busca establecer si esos encuentros estuvieron relacionados con la búsqueda de avales, acuerdos políticos, contratación pública u otras gestiones frente a las cuales Abadía pudiera conservar capacidad de intermediación pese a encontrarse privado de la libertad.
El poder después de la condena
La historia de Abadía tampoco comienza con su llegada a Carabineros.
Antes de la condena que hoy cumple, su nombre ya había aparecido en otros episodios relacionados con investigaciones por corrupción.
Uno de ellos corresponde al denominado ‘Cartel de la Toga’. La Fiscalía acusó formalmente al exgobernador de haber entregado presuntamente $400 millones para intentar interferir en una investigación que avanzaba en su contra. Abadía no aceptó los cargos y ese proceso es distinto de la condena que hoy cumple.
Según la teoría de la Fiscalía, el dinero habría sido entregado al entonces abogado Luis Gustavo Moreno y habría estado destinado a impedir o retrasar actuaciones dentro de la investigación relacionada con el contrato de las bibliotecas. Ese proceso es independiente de la condena ya firme por ese contrato.
El contrato que terminó en una condena de 21 años
El expediente por el que Abadía cumple su pena se remonta a enero de 2010.
La Gobernación del Valle suscribió con la Fundación Calimío un convenio para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares de diez municipios. La administración departamental comprometió $1.000 millones y la fundación otros $72 millones para labores logísticas.
La Corte encontró que la utilización del convenio de interés público permitió evitar el procedimiento de selección que correspondía y que la fundación contratada no reunía las condiciones de idoneidad necesarias.
Después se produjo una cadena de subcontrataciones. La Fundación Calimío contrató a Ediciones Alfa y Omega por $1.000 millones. Esta empresa, a su vez, terminó adquiriendo los textos de Ediciones La Clave del Saber, que los había comprado a las editoriales originales por $182.517.600.
La diferencia, según la sentencia, permitió que terceros se apropiaran de $817.482.400 de recursos públicos.
La Corte concluyó que el mecanismo contractual había sido utilizado para evitar la licitación y favorecer a terceros. La condena quedó en firme en junio de 2026.
Otros frentes judiciales y fiscales
La condena penal por el contrato de las bibliotecas no es el único frente que ha involucrado a Abadía.
También existen actuaciones de carácter fiscal relacionadas con el contrato de distribución de la Industria de Licores del Valle. Según Las2Orillas, Abadía aparece como responsable fiscal en decisiones relacionadas con ese negocio, mientras los procesos correspondientes han sido objeto de actuaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Este frente debe diferenciarse de la condena penal: una responsabilidad fiscal no equivale a una condena penal y los procesos tienen naturalezas jurídicas distintas.
De Carabineros a Villahermosa
La salida de Abadía de Carabineros ocurrió en medio de una decisión del Gobierno para revisar la situación de personas privadas de la libertad que permanecían en instalaciones especiales.
El 19 de septiembre, Abadía fue trasladado primero a un centro asistencial después de presentar una descompensación. Posteriormente fue llevado a Villahermosa, donde ingresó cerca de las 11:30 de la noche.
El presidente aseguró después que el episodio médico había sido simulado para evitar el traslado. Esa afirmación debe entenderse como la versión del mandatario y no como un hecho establecido judicialmente.
Lo que sí está confirmado es el cambio de lugar de reclusión.
Lo que queda por responder es si el cambio de celda también significa el final de la capacidad de Abadía para mantener los vínculos políticos que, según la investigación de Telégrafo, continuaron activos durante su permanencia en Carabineros.
Porque la pregunta central de esta historia no es dónde está preso Juan Carlos Abadía.
Es por qué, a pesar de estar condenado por corrupción y de tener por delante más de dos décadas de prisión, algunos políticos siguieron haciendo fila para verlo.
Y, sobre todo, qué buscaban cuando llegaban hasta su cabaña.
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